Panamá: Lunes, 18 Junio 2018

Durante el año 2017 los casos de violencia doméstica, ocuparon el tercer lugar entre los delitos de mayor incidencia en la provincia de Panamá Oeste, cifras del Ministerio Público (MP). En total se registraron 3 mil 384 casos de violencia doméstica, de estos 2 mil 796 víctimas fueron mujeres y 561 hombres. A consecuencia de ello, el número de hombres y mujeres maltratadores que deben someterse a tratamiento terapéutico, según lo establece el Código Penal, en su artículo 200, ha ido en aumento.

Frente a estas cifras, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en esta provincia se han quedado sin espacio físico y especialistas para atender a todas las personas que están siendo remitidas a terapia.

El fiscal especializado de Familia del MP, José Chin, admitió que debido a estas carencias no todas las personas remitidas a tratamiento terapéutico han podido cumplir con lo ordenado por los Jueces de Garantía.

La preocupación de quienes aún no han encontrado un cupo en las clínicas del Minsa, es que se venza el plazo dado por el Órgano Judicial para recibir las terapias y caigan en desacato.

Ante ello el fiscal Chin indicó que mediante una audiencia se podría verificar la situación de cada procesado. 

Para el director provincial del MInsa, Joaquín Chan, desde el mes de septiembre del 2016 cuando inicio la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) comenzó a aumentar la cifra de personas que exigían tratamiento terapéutico para el control de la violencia.

Previo a esta fecha, la Clínica del Agresor existente en el centro de salud Magaly Ruiz en La Chorrera, atendía a un promedio de 30 personas distribuidos en varias sesiones semanales.  Actualmente existen 166 personas recibiendo terapia, la mayoría de ellos con orden judicial de tratamiento terapéutico multidisciplinario, ordenada por Jueces de Garantía.

Ante este aumento, ha sido necesario abrir una nueva Clínica del Agresor en el centro de salud de Nuevo Chorrillo en Arraiján. Para ambas clínicas solo se cuenta con un médico psicólogo, el cual debe atender a grupos de 30 personas dos veces por semana. Lo recomendable es que en estas terapias grupales no se deba sobrepasar la cifra de diez personas.

Una de las estrategias, para aliviar la carga del psicólogo a cargo de estas terapias, es incorporar a otros dos médicos especialistas, de los cuatro existente en la región, dijo Chan. El Ministerio Público (MP) establece para los infractores de violencia domestica el plazo de un año para tomar la terapia; de lo contrario podrían ser sometidos a algún tipo de medida cautelar. 

Posterior al cumplimiento de estas terapias y de comprobarse un cambio en la actitud de las personas, se remite un informe al MP, quien a su vez tomara una decisión final.

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