El presidente de la República Laurentino Cortizo dijo este jueves, estar conforme con el informe administrativo sobre 13 detenidos asesinados y 14 heridos en el Centro Penitenciario La Joyita, el17 de diciembre de 2019.

El informe fue presentado el martes en Consejo de Gabinete por el ministro de Seguridad Pública y el de Gobierno.

Según investigaciones conjuntas, el ministro de Gobierno Carlos Romero, señaló en conferencia de prensa, que hay 12 funcionarios imputados con cargos administrativos, de acuerdo con las responsabilidades de sus funciones en el centro penitenciario.

Precisó que a Walter Hernández y Luis Gordón, director y subdirector del Sistema Penitenciario, quienes habían sido separados del cargo, no les encontraron elementos de prueba para proces disciplinarios administrativos.

No obstante, fue destituida la directora encargada del Centro Penitenciario La Joyita, Alexandra Vence; e iniciaron proceso administrativo disciplinario, de carrera, por el posible grado de responsabilidad del custodio Javier Carter, jefe de Seguridad Interna, por posible omisión en tomar medidas preventivas antes de los hechos.

También iniciaron proceso administrativo disciplinario al jefe de Seguridad Externa de La Joyita, Ismael Arguelles, por el posible grado de responsabilidad, al ser una de las personas responsables de adoptar las medidas para evitar el ingreso de objetos prohibidos al penal. Igualmente, iniciaron proceso administrativo disciplinario, de carrera, al subcomisionado José Vidal Franco Calderón, por el posible grado de responsabilidad ante posible omisión en tomar medidas preventivas antes de los hechos.

El ministro Romero agregó que, al comisionado José Melamed, al subcomisionado Alberto Correa y al cabo primero Roberto Pinto, a quienes se les aplicó la separación del cargo, no se le encontraron elementos de prueba para formularles cargos disciplinarios por el hecho investigado.

De acuerdo con Romero, los resultados de las investigaciones fueron remitidos a las instancias encargadas de velar por la responsabilidad de sus miembros, por parte de la Policía Nacional en la Dirección de Responsabilidad Profesional y Junta Disciplinaria, y por parte de la Oficina de Investigación Administrativa del Ministerio de Gobierno.

Por su parte el ministro de Seguridad Rolando Mirones, enfatizó que son cargos administrativos los que pueden imputar las dos dependencias del Estado, y será el Ministerio Público el encargado de los procesos penales, porque así lo estipulan la Constitución y las leyes nacionales.