El Consejo Permanente del organismo, reunido en sesión extraordinaria a petición del presidente peruano, Pedro Castillo, acordó por aclamación enviar esta delegación que formarán expertos de los Estados miembros de la OEA.

Antes de la votación, el canciller peruano, César Rodrigo Landa, intervino ante el pleno y pidió a la OEA que ayude a su Gobierno a crear un diálogo que ayude a superar la “crisis política.”

“Existe una situación que, de no ser corregida a tiempo, podría ocasionar que se cuestione el orden democrático en Perú”, dijo el responsable de Exteriores, que se unió a la sesión por videollamada.

El político añadió que la visita servirá para dar una “mirada neutra e independiente” a la situación que atraviesa el país.

El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Tribunal Constitucional de Perú que aclare tres figuras constitucionales, incluida la vacancia (destitución) presidencial por incapacidad moral permanente, que a juicio de la comisión “tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibro de poderes”.

El uso reiterado de estas tres figuras, explicó la CIDH, “ha generado que, desde 2016 el país haya tenido cinco presidentes y tres Parlamentos”.

Pedidos a Perú

En la sesión de este jueves, el relator de la CIDH para Perú, Édgar Stuardo Ralón, pidió a los poderes del Estado en el país no hacer un “uso arbitrario de la fuerza” que lleve a un quiebre constitucional.

“La institucionalidad en Perú está en riesgo”, aseguró Ralón.

En el mensaje a la nación en el que hizo su petición a la OEA, Castillo reiteró la existencia de un «complot» por parte de ciertos sectores de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para «quebrantar el orden constitucional y democrático» de Perú y sacarlo del poder mediante una «modalidad de nuevo golpe de Estado».

La decisión del presidente de acudir al organismo interamericano se dio el mismo día en que la fiscal general de Perú , Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por supuestamente encabezar una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.

Castillo negó estas acusaciones -que incluyen tráfico de influencias y fraude- y las calificó de inconstitucionales.

El presidente y su defensa aseguran que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes. EFE