El alcalde del distrito capitalino, José Luis Fábrega, solicitó al Tribunal Electoral informar sobre los gastos de recursos públicos que se generaron durante el proceso revocatorio de mandato que se le ejecutó y del que salió airoso. Así se dio a conocer en una carta enviada al magistrado presidente del TE Heriberto Araúz Sánchez.
En la nota fechada para el 31 de agosto de 2022, el alcalde solicitó “se nos informe el gasto contentivo al proceso de revocatoria de mandato instaurado por el licenciado Roberto Ruiz Díaz para el cargo de alcalde del distrito capital del periodo 2019-2024 que ejercemos, así como de existir registro del personal o recursos institucionales que se utilizaron para el desarrollo del referido proceso”.
Detalló que la solicitud la realiza bajo su “propio nombre y como Alcalde del Distrito de Panamá del período 2019- 1024”. El pedido se sustentó bajo el amparo del artículo 2, 3 y demás concordantes de la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002, a través de la cual se dictan normas para la transparencia en la Gestión Pública y otras Disposiciones.
Por su parte, el abogado de Fábrega, Carlos Carrillo, indicó en entrevista para Nextv que “lo que se quiere es que el Tribunal Electoral certifique económicamente, en personal y en la plataforma cuántos fueron los gastos que implicó que una sola persona sujetara al escrutinio la labor del alcalde del distrito capital”.
“No es posible que una sola persona implique que el presupuesto del Tribunal Electoral se vea afectado”, destacó el jurista.
“Frente a esta situación el alcalde lo que decidió fue que el Tribunal Electoral cuantificara cuánto costó el proceso para los efectos futuros. Peor aún cuando se sabe que la Constitución nacional no prevé la revocatoria de mandato de los alcaldes, es decir esto es como pedir la información para sentar un precedente”, dijo.
“Es bueno que la comunidad sepa cuantos miles de dólares se gastaron en este hecho, independiente de que no se puede cuantificar el daño a la administración municipal e incluso al mismo alcalde con los gastos que se vio obligado a hacer en su representación legal y los gastos administrativos”, declaró Carrillo.