Luego de 13 días de audiencia preliminar, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, se acogió ayer al término de la ley de 30 días hábiles para calificar el sumario de este caso y definir sobre el llamamiento de los 50 imputados que solicitó la fiscalía, en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.
El acto de audiencia inició con cuatro días de lectura de la vista fiscal del Ministerio Público, seguido de los alegatos de los fiscales a cargo del caso, para luego llegar el turno de los abogados defensores de los imputados, un grupo que está integrados por exmagistrados, exfiscales, catedráticos de derecho y otros juristas expertos en la rama penal.
En los alegatos los defensores de los imputados fueron insistentes en que la fiscalía no pudo comprobar que se incurrió en delito de blanqueo de capitales, que se dieron incumplimientos en las normas electorales, entre otras desacreditaciones del contenido de la vista fiscal. Una de las exposiciones fue la de la abogada Marcela Araúz, defensa del empresario Riccardo Francolini, quien pidió a la jueza el sobreseimiento definitivo de su cliente, argumentando que “no se ejecutó ningún acto ilícito como pretende imputar el Ministerio Publico”.
Por su parte, los abogados de Juan Carlos Varela utilizaron como estrategia la investidura de diputado del Parlacen que le corresponde como expresidente a su cliente para argumentar que la fiscalía no es competente para investigarlos, sino la CSJ. Además reiteraron que su cliente no recibió sobornos de la constructora, sino “donaciones”.
Sobre esto el fiscal Daud Hassan indicó en sus alegatos: “señores, no eran donaciones, eran sobornos que entraban camuflados de diversas maneras”. En tanto, la fiscal Ruth Morcillo respondió a más de 15 incidentes, pidiendo que la mayoría fuera desestimado.