El Órgano Ejecutivo y las agrupaciones que se mantienen sentadas en la mesa única de diálogo, aprobaron durante la sesión del 20 de agosto la creación de una comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción.
Durante la reunión se planteó crear una Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, formalizada jurídicamente por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo para su reglamentación, definición de funciones, composición, herramientas, recursos y materiales requeridos para el cumplimiento de la tarea encomendada.
Se detalló que la comisión estará integrada por dos representantes de cada grupo social presente en la Mesa del Diálogo: Bastión de Oriente Chiricano, de la Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo). Cada titular tendrá su suplente y se permitirá la participación de los técnicos requeridos por los integrantes de la comisión.
La naturaleza de la Comisión se enmarca en lo establecido por la Comisión Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos.
La comisión “deberá presentar posibles casos de corrupción en las entidades públicas con la finalidad de que las autoridades competentes hagan las investigaciones; interponer denuncias ante las autoridades correspondiente (Ministerio Público, fiscalías especiales e instancias correspondientes) por la comisión de supuestos hechos punibles contra la administración pública; promover y proteger la libertad de buscar, recibir y difundir información relativa a la corrupción; rendir informes de las acciones y resultados de su gestión; y presentar ante las instancias correspondientes, propuestas de políticas públicas encaminadas a reducir la corrupción en el sector público y privado”.
En esta Comisión se tratarán los 32 puntos de la propuesta de las organizaciones sociales sobre transparencia y corrupción. La Comisión será coordinada por Antai y los comisionados de las organizaciones sociales presentes en la Mesa Única del Diálogo por Panamá, que podrán requerir la participación de otras entidades públicas para obtener información de posibles delitos contra la administración pública.
Los grupos sociales solicitaron que esta propuesta y la del Ejecutivo sean sometida a votación en la sesión plenaria.
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— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) August 21, 2022