El pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 739 que establece la “Política Criminológica de la República de Panamá”, iniciativa presentada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) que aseguran será un instrumento adecuado para el análisis, desarrollo, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para prevenir la conducta delictiva mediante una base científica.
A través de esta propuesta se busca consolidar una estrategia coherente, en materia de seguridad ciudadana, que favorezca la prevención y una articulación efectiva mediante una coordinación interinstitucional y la participación ciudadana, toda vez que la dinámica criminal obliga al fortalecimiento de los programas, estrategias y proyectos que privilegien la prevención y alejen a la niñez y la juventud de la delincuencia y el crimen organizado.
El proyecto de Ley 739 crea la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, adscrita al Despacho Superior del Minseg, la cual estará conformada por representantes del Consejo de Seguridad Nacional, los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Finanzas, el Instituto Panameño de Deportes y el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.
La iniciativa busca el establecimiento y desarrollo de la política de Estado necesaria para la prevención del delito, la rehabilitación y reinserción social, que evitará que las personas hagan del delito su modo de vida, como fórmula para contrarrestar la actividad criminal en el país.
El ministro de Seguridad Pública Juan Manuel Pino ha explicado que este proyecto responde a uno de los pilares del Estado de derecho, ley y orden del Plan de Acción del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, a fin de garantizar mecanismos para la prevención del delito con el uso de herramientas científicas, con una estrategia efectiva, coherente, dinámica y sostenible en el tiempo que evitará la improvisación.
También ha explicado que la política criminológica permitirá abordar el problema de la inseguridad e incidencia criminal, teniendo en cuenta situaciones de desintegración y descomposición familiar, así como la crisis de valores, mediante la atención del fenómeno delictivo en todas sus manifestaciones.